Fracasa resolución de la OEA contra proceso electoral en Venezuela

Fracasa resolución de la OEA contra proceso electoral en Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) no logró aprobar una resolución contra el proceso electoral venezolano por falta de votos y consenso en la plenaria realizada en el Consejo Permanente del organismo en Washington.

Luego del proceso electoral del 28 de julio, donde resultó reelecto el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, el organismo regional -del que Venezuela no forma parte desde 2019- votó para emitir una declaración injerencista contra la jornada.

La medida no tuvo éxito debido a la abstención de muchos países y la ausencia de otros.

Con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, la resolución no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano necesario para ser aprobado.

La sesión se realizó por petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, países que han mantenido una postura injerencista contra el país.

Entre las abstenciones se encuentran las de Brasil, Colombia y México; así como muchas naciones del Caribe.

La sesión extraordinaria de la OEA abordó temas como el reconocimiento de la participación del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio, así como “exigir” la publicación de “los resultados de la votación de las elecciones presidenciales”, con presencia de “organizaciones de observación independientes”.

Esto, pese a que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentara ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo para para que dirima ataque contra el proceso electoral y el intento de golpe de Estado, promovido por sectores de extrema derecha.

Otro de los puntos abordados en el encuentro, trataba sobre “el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias”, bajo argumentos de la “defensa de los derechos humanos” de estas personas, pese a las evidencias de su participación en acciones vandálicas y la incitación al odio.

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